TP Abogados - Delito del Artículo 318 del Código Penal para Castigar Infracciones a Cuarentenas y Otras Reglas Sanitarias en la Pandemia.

Delito del Artículo 318 del Código Penal para Castigar Infracciones a Cuarentenas y Otras Reglas Sanitarias en la Pandemia.

Con la llegada de la Pandemia y la introducción de normas administrativas como las cuarentenas y el toque de queda nocturno, se dio inicio a la discusión sobre la sanción de las personas infractoras que igualmente salen de sus domicilios, sin portar permisos que los habiliten para aquello.

En dicho contexto, el Código Penal ofrecía dos normas antiguas para dar una respuesta penal a los infractores. Estas normas son el artículo 316, que sanciona al que disemine gérmenes patógenos con el propósito de producir una enfermedad, norma que no ha tenido aplicación práctica, y el artículo 318, que castiga al que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio.

Posteriormente, entró en vigor la ley 21.240, del 20 de junio de 2020, que elevó las penas del artículo 318, tanto de la pena privativa de libertad como de la alternativa de multa, así como también introdujo la agravante de cometer el delito mediante convocatoria a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe, pandemia o contagio.  Por su parte, la ley 21.240 también creó los delitos de los artículos 318 bis y 318 ter.

Sin que sea el objeto de este informativo exponer detalladamente sobre el artículo 318 bis y el artículo 318 ter, es útil al menos decir que el primero castiga al que, en tiempo de pandemia, epidemia o contagio, genere, a sabiendas, riesgo de propagación de agentes patógenos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria, mientras que el segundo sanciona penalmente al que, a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria. Este último delito también se introdujo al catálogo de delitos de la ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo que la empresa también podrá ser sancionada.

A esta fecha, decenas de miles de personas han sido imputadas en el país por infracción al artículo 318 del Código Penal. En nuestra opinión, esta norma ha tenido una utilización desmedida, con el objeto de castigar conductas que debiesen quedar fuera del sistema penal y ser objeto de procedimientos de carácter administrativo.

Para la aplicación de este delito, estimamos que no basta con el mero incumplimiento de una norma sanitaria como las cuarentenas y el toque de queda nocturno, sino que la conducta debe tener alguna condición apta para poner en peligro la salud pública. En nuestro concepto, la puesta en peligro de la salud pública no se produce automáticamente ni menos se presume de la infracción de la norma sanitaria que no va acompañada de otra circunstancia adicional. A la fecha ya existen fallos de Tribunales que han rechazado la aplicación de este delito para personas que solo han infringido este tipo de normas sanitarias. Incluso más, actualmente se encuentra en trámite un requerimiento de inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional que podría declarar la inconstitucionalidad de la norma.

Otra peculiaridad de la ley 21.240 es que le ha permitido al Ministerio Público reemplazar el procedimiento ordinario por el procedimiento monitorio, a pesar de que este delito no es una falta penal. Esta norma, enteramente excepcional, genera un alto riesgo de que muchas personas acaben condenadas sin siquiera haber tenido la posibilidad de ser oídos, ya que la ley permite que el juez sancione inmediatamente a una persona si estima que la solicitud del Ministerio Público está suficientemente fundada. Sin juicio previo, el infractor de la norma administrativa recibirá una sentencia penal en su domicilio, que le indicará que ha sido condenado por infracción al artículo 318 del Código Penal.

Sin perjuicio de los cuestionamientos que se pueden formular al procedimiento monitorio, es importante informar que la ley permite reclamar la sentencia dentro del plazo de 15 días, con lo cual se continuará con el juicio según las reglas del procedimiento simplificado.

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José Daniel Piña
Socio Fundador.
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