TP Abogados - Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes: Nociones para la Discusión.

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes: Nociones para la Discusión.

En las últimas semanas y en relación a la huelga de hambre que sostienen diferentes comuneros mapuche, se ha hecho referencia al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero pocos saben de qué trata este instrumento.

Cuando hablamos de “Convenio” en materia de derecho internacional, nos referimos a un instrumento internacional que reconoce derechos o libertades a un grupo determinado de personas, en relación al Estado el que debe garantizar y promover aquellos derechos humanos; a diferencia de un “tratado” que establece acuerdos entre Estados, como pueden ser aquellos sobre límites o acuerdos económicos.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, por su parte, data del año 1989, siendo ratificado por Chile recién en el año 2009, siendo exigibles por los habitantes del territorio chileno recién desde septiembre de aquel año.

Además, consagra derechos específicos a los pueblos indígenas y tribales, que en el caso chileno son nueve los reconocidos por el Estado desde 1993: Aymaras, Quechuas, Atacameños, Collas y Diaguitas en el norte del país,  Mapuche, Kawashqar o Alacalufe, y Yámana o Yágan en el Sur, y Rapa Nuí de la Isla de Pascua, en la Polinesia;  encontrándose otros en proceso de reconocimiento, como el pueblo Chango.

Entre las normas que integran el Convenio 169, se distinguen aquellas que tienen el carácter de “autoejecutables”, es decir no necesitan la adopción de normas internas para que se haga exigible su contenido, siendo recepcionadas directamente por el derecho interno, como pueden ser las normas de interpretación, y  aquellas que no revisten este carácter, debiendo el Estado adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento y ejercicio.

La importancia de la adopción de este Convenio, radica en el reconocimiento hacia las dificultades que históricamente han enfrentado estos grupos, en nuestro país y en el mundo, para gozar efectivamente de los derechos humanos consagrados en los demás instrumentos internacionales, del respeto a sus costumbres y formas de vida, así como  el reconocimiento a sus instituciones y formas de organización propias.

Entre las obligaciones adquiridas por el Estado de Chile, con ocasión de la ratificación de este Convenio, encontramos la responsabilidad de desarrollar una “acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”, para que los integrantes de los pueblos indígenas gocen efectivamente de los derechos que reconoce la legislación interna,  con respeto a su identidad cultural, costumbres e instituciones; asimismo, se obliga a informar a la OIT de forma periódica sobre los avances en la aplicación del Convenio y la materia.

Uno de los derechos más importantes, recae sobre la consulta en materias relevantes para estos pueblos, respecto del manejo de los recursos naturales y bienes comunes, decisiones relativas a su educación y cultura, entre otras, el cual fue regulado por el Decreto N° 66 que aprueba el Reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena.

Ahora bien, este Convenio ha tomado relevancia en las últimas semanas a propósito de la acción de amparo interpuesto por la defensa del machi Celestino Córdova, quien lleva más de 100 días de huelga de hambre junto a otros comuneros condenados por la justicia chilena, en el cual se solicitaba que el machi pudiera cumplir parte de su condena recluido en su domicilio y comunidad, donde debe cumplir sus funciones ancestrales espirituales derivados de su calidad de machi.

Entre los fundamentos de la petición, se encuentra  el artículo 10 del Convenio, según el cual al imponerse sanciones penales a los miembros de los pueblos indígenas deben tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, en el caso concreto la calidad de machi, y además tener preferencia por sanciones distintas del encarcelamiento.

Lamentablemente, la Corte Suprema estimó que no se cumplían los presupuestos para que la acción de amparo fuera acogida, regulados por el artículo 21 de la Constitución de la República, mecanismo judicial de protección que será abordado en otra ocasión, desoyendo las recomendaciones en materia de protección de derechos de los pueblos indígenas y comprometiendo la responsabilidad del Estado.

¿Y tú, qué opinas sobre este caso?

Si quedaste con dudas, en un próximo post ahondaremos sobre las acciones de amparo y protección, sus requisitos y procedimiento.

Beatriz Arenas Campos
Socia.
barenas@tpabogados.cl